Exige Cristina Díaz esclarecimiento de los hechos en el penal de Topo Chico

Cristina Díaz destaca que los centros penitenciarios requieren de una atención inmediata para asegurar la gobernabilidad, con pleno respeto a los derechos humanos

Ante los hechos confía que en este periodo se concluya la dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Lo sucedido en el Penal de Topo Chico, en Nuevo León, es una responsabilidad del gobierno local en el ámbito de sus facultades en materia de seguridad pública, y el gobernador tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias con una investigación exhaustiva de los hechos que hoy nos lastiman e indignan a todos, señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, senadora Cristina Díaz Salazar

Exigimos que se actúe con pleno respeto al Estado de Derecho y se aplique la justicia para quienes son responsables, acotó.

Luego de manifestar sus condolencias a las familias de las personas que fallecieron y la pronta recuperación de los heridos, la senadora por Nuevo León destacó que se debe atender de inmediato la problemática de los centros penitenciarios en las entidades federativas.

Cristina Díaz exigió que el gobierno de Nuevo León asuma su responsabilidad y actúe diligentemente con apego a la legalidad para hacer frente a los hechos ocurridos en el en el penal, y se sancione a quienes resulten responsables por omisiones y actos derivados del enfrentamiento entre la población penitenciaria la noche de este jueves.

El resguardo y gobernabilidad del centro penitenciario “Topo Chico” como parte del sistema de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, corresponde al titular del Ejecutivo estatal, por ello tendrá que dar una respuesta clara y contundente, afirmó en una entrevista realizada en la Cámara alta.

Debe señalar las omisiones en materia de seguridad al interior del penal para conocer las condiciones que originaron y facilitaron la riña; la omisión de las autoridades penitenciaras ante los hechos; la falta oportuna para controlar y mitigar los hechos, así como las responsabilidades que de ello se desprendan, indicó.

Inmediatamente –remarcó-, tendrá que ejercer sus plenas facultades para sancionar a los involucrados en los lamentables hechos, así como reestablecer las condiciones de gobernabilidad al interior del centro penitenciario.

La presidenta de la Comisión de Gobernación reconoció que en toda la República Mexicana, el sistema penitenciario enfrenta una crisis de sobrepoblación, que facilita la ingobernabilidad de las prisiones.

Por ello es necesario que los gobiernos de los estados fortalezcan sus instituciones para garantizar el control al interior de los penales y contribuir con su función de reinserción social.

Asimismo, la legisladora priista dijo que la seguridad pública es una prioridad en la agenda de Nuevo León  y debe verse reflejada en los hechos.

Remarcó que hay una serie de circunstancia alrededor de los centros penitenciarios, como su urgente modernización e implementación inmediata de medidas que aseguren la separación de las diferentes personas privadas de su libertad, en razón de su situación jurídica, su condición de hombres y mujeres, y, en su caso, establecer espacios especiales para personas que requieran medidas especiales de seguridad.

Todo ello de acuerdo con el marco constitucional, lo cual permitirá mayor control y disminución de riesgos al interior de las prisiones, subrayó.

Ante el pleno del Senado, precisó que desde 2013, las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, estamos trabajando en coordinación con sociedad civil y gobierno, en la configuración de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene como finalidad modernizar el Sistema Nacional Penitenciario, estableciendo condiciones homogéneas para todos los centros penitenciarios del país independientemente de su jurisdicción federal o estatal.

Dicha Ley –indicó-, está sustentada sobre los principios del respeto a los derechos humanos, y al mismo tiempo que asegure condiciones de seguridad para los internos y gobernabilidad por parte de la autoridad penitenciaria.

No ha sido un tema fácil de legislar, llevamos un 90 por ciento de avance en la dictaminación, y estamos próximos a emitir dicho proyecto de Ley, el compromiso del Senado de la República es dotar de este instrumento jurídico al Estado en este periodo ordinario de sesiones y cumplir con el mandato constitucional antes de junio de 2016.

Cristina Díaz manifestó su confianza de que ante los hechos ocurridos en el penal de “Topo Chico”, habrá voluntad de los senadores y senadoras, para concluir con la dictaminación de la Ley y con ello dar un paso importante hacia la modernización del Sistema Nacional Penitenciario”, finalizó.

Compartir